Santa Fe vive una grave y profunda crisis institucional sin precedentes en tiempos de democracia, que se agudiza más aún mientras atravesamos uno de los momentos más difíciles en materia de seguridad en la provincia.

En las últimas horas aparecieron notas periodísticas donde se publicaron audios de Whatsapp que pertenecerían a altos funcionarios del Ejecutivo provincial, supuestamente involucrados en la causa de espionaje ilegal, que tienen en sus manos los fiscales de la ciudad de Santa Fe a cargo de las investigaciones.

De estos audios surgen con claridad maniobras políticas y judiciales de carácter ilegal, aparentemente pensadas y ejecutadas dentro del Poder Ejecutivo Provincial, a saber: 

Inteligencia ilegal: a la sospecha de perfilamiento de dirigentes políticos y sindicales, empresarios y periodistas, se le suman las escuchas ilegales.

Tráfico de influencias sobre integrantes del Poder Judicial, funcionarios en general y medios de prensa, con la pretensión de transformar escuchas “ilegales” en “legales” o realizar operaciones mediáticas.

Detenciones ilegales, al parecer, en la propia sede de la Gobernación.

Decisiones políticas que afectaron la normal gestión del Servicio Penitenciario y de la seguridad pública en detrimento de todos los santafesinos, como forma de responder a internas partidarias.

Eliminación de documentos públicos en oficinas del Estado.

Si se comprueba la veracidad de estos audios -y que los mismos pertenecen a los y las funcionarios mencionados- estaríamos frente a un escándalo institucional que pondría en riesgo los estándares mínimos de democracia y de legalidad propia del Estado de Derecho.

DECLARACION JUNTA PROVINCIAL
PARTIDO SOCIALISTA SANTA FE