La puesta en marcha de un nuevo sistema de controles estatales sobre los prestadores de servicios para discapacitados desató una disputa entre parte de esas empresas, que montaron un acampe frente a la Casa Rosada, y el Gobierno. La confrontación se agudizó tras conocerse, como publicó Ámbito, el agotamiento de un fondo específico que nutre a las obras sociales para el reintegro de esos servicios aunque desde el Ejecutivo negaron algún retraso en los pagos, como denunciaron los prestadores, y ratificaron que hasta fin de año habrá partidas especiales para garantizar las coberturas.

El conflicto recrudeció con el acampe y se propagó ayer a través de la tendencia #NoAlAjusteEnDiscapacidad difundida en redes sociales. Y encontró al equipo económico que lidera Sergio Massa en medio de un rediseño de los mecanismos de inyección de recursos para las obras sociales sindicales. Más allá de reconocer alguna demora puntual de una semana en la liquidación de pagos a favor de las empresas que proveen servicios a los afiliados discapacitados, en todas las áreas del Gobierno involucradas dijeron que el financiamiento de las prestaciones no corre riesgo.