En una audiencia que se realizó este jueves, la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto denegó la solicitud formulada por la defensa de Carlos García, que está bajo arresto domiciliario.
Policiales25/10/2024
Renacer Regional
El gasista Carlos Osvaldo García, condenado a la pena de 4 años de prisión por la explosión ocurrida en agosto de 2013 en Salta 2141 –donde hubo 22 muertos y más de 60 heridos–, recibió un revés judicial este jueves. La jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto rechazó la posibilidad de que sea incorporado al régimen de libertad asistida.
En la audiencia que se llevó adelante en el Centro de Justicia Penal, la defensa de García hizo la solicitud, que fue basada en el comportamiento del condenado, el cumplimiento de las reglas de conducta y la proximidad del vencimiento de la pena, que es en abril del año que viene.
La petición fue objetada por el fiscal David Carizza y la querella, que representa a la familia de Débora Gianángelo, quienes señalaron que el gasista no está bajo la órbita del Servicio Penitenciario –está detenido con modalidad domiciliaria–, por tanto, no se hizo un seguimiento fundado sobre su comportamiento con las reglas de conducta.
En la audiencia también hizo uso de la palabra Jorge Magaz, padre de la víctima Estefanía Magaz, que también se opuso a lo pedido por la defensa del condenado.
El fallo contra García se encuentra firme desde septiembre del año pasado, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara una presentación de la querella. De esta forma, quedaron absueltas las otras diez personas que fueron a juicio oral y público.
En las dos sentencias de la Justicia de Santa Fe resultaron absueltos por “insuficiencia probatoria” José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre); Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas); y Pablo Miño (ayudante de García).
Según la acusación, la explosión en la que murieron 22 personas y otras 62 resultaron heridas había sido la consecuencia de “una cadena de negligencias” que involucraron desde el gasista que trabajó en la torre hasta el personal de Litoral Gas y los administradores del consorcio.
Fuente / Rosario3
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