Renacer Regional
El gobernador Omar Perotti participó este martes de la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción de un nuevo edificio para los Tribunales en la ciudad de Casilda. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de $1.374.237.575 y un plazo de obra de 730 días.
Asimismo, el mandatario provincial y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, firmaron dos convenios de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial que permitirán la agilización de trámites con la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 y con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Tras el encuentro, desarrollado en el salón de actos del Palacio de Tribunales en la ciudad de Santa Fe, Perotti destacó como “hechos muy importantes. En primer lugar, un llamado a licitación que se ha realizado para llevar adelante los edificios de Tribunales en la localidad de Casilda. Se trata de un fuerte proceso que lleva adelante la Corte para ir mejorando la infraestructura de cada uno de los edificios, generando las mejores condiciones para el acceso a la justicia y el desenvolvimiento de la actividad profesional”, dijo el gobernador.
Y agregó: “Sin duda que es una obra muy esperada, 15 años esperándola. Hemos tenido la posibilidad de ir trabajando juntos con la Corte en la finalización del edificio de Reconquista, en lo que próximamente será Cañada de Gómez, ahora en Casilda y en un avance para tener un predio en Rafaela”.
Por otro lado, el gobernador también se refirió a los convenios firmados y afirmó que “nos facilitan la posibilidad del acceso, tanto para trámites de niñez, como el funcionamiento y la posibilidad del acceso digital desde el uso de los profesionales con la Caja de la Ley 5110. Son trámites que llevan mucho tiempo y que, con este tipo de convenios, nos permite acelerar esos procedimientos, favoreciendo el acceso a la justicia, los tiempos y el desempeño de los profesionales. El avance de digitalización del Poder Judicial nos ha permitido a todos avanzar en los procesos de digitalización y en posibilidades que le dan a la gente mayor facilidad de acceso a la justicia”, concluyó el mandatario.
A su turno, Rafael Gutiérrez destacó “la importancia que este tipo de emprendimientos trae aparejado y que se repite en los últimos diseños arquitectónicos de los edificios judiciales, donde se plasma una vinculación superadora de este Poder Judicial para con la sociedad, no solo desde el aspecto cultural, sino institucional”, y agradeció al gobernador por “el acompañamiento brindado, el cual, seguramente, se replicará en los ambiciosos proyectos de este alto cuerpo”.
LAS OFERTAS
Al llamado a licitación se presentaron nueve oferentes, los que realizaron las siguientes cotizaciones: Dynale 1.747.300.000 pesos; Dyscon S.A. 2.150.686.052,57 pesos; Bordo Arquitectura S.R.L. 1.657.225.831,23 pesos; Coirini S.A. 1.685.017.679,56 pesos; la UT Adobe Construcciones S.R.L. - Planarco S.R.L. 2.169.982.321,80 pesos; la UT Edeca S.A. - Ingeniero Pedro Minervino S.A. 1.754.443.853,44 pesos; De Paoli & Trosce Construcciones 2.092.296.357,43 pesos; la UT Pecam S.A. – Mundo Construcciones S.A. 1.860.688.944,61 pesos; y finalmente la UT Cocyar S.A. - Capitel S.A. 1.980.503.484,09 pesos.
LA OBRA
El edificio contará con una superficie cubierta total de 5.504,39m2, distribuidos en 5 niveles, y una superficie semicubierta de 114,14m2. Todo el proyecto se desarrolló sobre un lote de 3.650 m2, emplazado entre las calles Ovidio Lagos, La Rioja, San Luis y Casado.
Esta obra permitirá una mejor distribución y ocupación de los espacios con respecto al Palacio de Justicia existente. De esta manera se podrán unificar las distintas dependencias judiciales dispersas en la ciudad, incluyendo al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), a quienes se les asignará los espacios correspondientes.
También contará con estacionamiento propio en el subsuelo, alcaidía, sala de efectos, cámara Gesell, salón de usos múltiples, salas de audiencias orales y dos salas de audiencia IPP (Investigación Penal Preparatoria), entre las funciones específicas más importantes.
Además, tendrá un sistema de control unificado de la infraestructura consistente en un sistema de vídeo vigilancia, sistema de alerta y extinción de incendio, un grupo generador de energía eléctrica interrumpida, y sistema de acondicionamiento de aire central.
Asimismo, las instalaciones contarán con monitoreo central; alarma para detección de incendios con monitoreo propio y remoto; cableados estructurados para redes informáticas y telefónicas independientes e intercambiables; central de datos informáticos; central telefónica; ascensores de uso público general, de uso restringido para traslado de detenidos, y de uso privado para desplazamiento de magistrados y funcionarios; baños públicos y especialmente adaptados en todas las plantas, y privados en oficinas; sistemas integrados de control de acceso y registración de última generación; doble servicio de instalaciones eléctricas, por prestadora y grupo electrógeno; cochera para vehículos oficiales y/o traslado de detenidos; e instalaciones de alcaidía.
FIRMA DE CONVENIOS
Posteriormente, Omar Perotti y Rafael Gutiérrez firmaron dos convenios de colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial que permitirán la agilización de trámites.
El primer acuerdo está relacionado al funcionamiento e intercambio de información de la Oficina de Procesos Sucesorios y demás órganos jurisdiccionales judiciales y la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110. Mediante el mismo las partes acuerdan disponer un mecanismo de comunicación, a los fines de evacuar los informes que brinda la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110.
Esos informes serán solicitados a la Caja por los profesionales que cuenten con firma digital (condición excluyente). El pedido se realizará a una cuenta de correo electrónico designada por la Caja y, cumplidos los requisitos de forma, luego la Caja remitirá el informe al órgano jurisdiccional correspondiente. Una vez recibido el informe en la dependencia judicial, la misma procederá a darle ingreso en el sistema informático SISFE del Poder Judicial, vinculándolo con el expediente respectivo.
Mientras tanto, el segundo convenio firmado establece que el Poder Judicial se comprometerá a poner a disposición de los profesionales de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que intervengan en expedientes de tramitación en los Tribunales provinciales, una nueva modalidad de acceso al Sistema de Autoconsulta de expedientes habilitado en los distintos Fueros del Poder Judicial de Santa Fe.
Los profesionales habilitados ingresarán al Sistema con un Código de Seguridad Único y podrán consultar e interactuar en la totalidad de los expedientes en los que intervienen y que sea parte esta Subsecretaría. A su vez, la Subsecretaría se compromete a entregar dicho Código de Seguridad a cada uno de los profesionales que ésta designe, y a otorgar al Poder Judicial los datos de sus profesionales habilitados y sus actualizaciones, informando las novedades relacionadas con altas, bajas o modificaciones.
PRESENTES
Participaron de los actos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: Roberto Falistocco, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi, y Daniel Erbetta; y el procurador General, Jorge Barraguirre; la Defensora Provincial de Servicio Público, Jaquelina Ana Balangione; el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; la ministra de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena; el senador Eduardo Rosconi; y el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, entre otras autoridades.
