La iniciativa fue elaborada en conjunto con los senadores justicialistas Senador Osvaldo Sosa, Armando Pipi Traferri y Senador Jose Baucero.

La Legislatura de Santa Fe aprobó la prórroga por dos años de la Ley Nº 13.666 que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas cuyo objeto sea el desalojo de tierras ocupadas por los pequeños productores o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término de diez años. “Esta medida lleva tranquilidad a muchas familias de pequeños productores, trabajadores rurales, campesinos e indígenas que ocupan pacíficamente predios rurales”, explicó Cornaglia.

El Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, junto a la Dirección de Vivienda y Urbanismo, promoverán la firma de convenios de colaboración interinstitucional con las municipalidades y comunas de la provincia, en los cuales se comprometan a identificar los inmuebles rurales en los que existan asentamientos informales e individualizar los grupos familiares de escasos recursos que estén ocupando los predios y que posibiliten una progresiva regularización de la tierra en beneficio de hogares asentados en su jurisdicción.

Además, la normativa crea el Programa de Regularización Dominial con el objeto de obtener un registro real de dominio y un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en el territorio provincial, y el cual tendrá a su cargo realizar todos los actos y trámites que resulten necesarios y conducentes para articular los conflictos por tenencia precaria de tierra; determinar los inmuebles rurales en situación de irregularidad o conflicto dominial y la búsqueda de antecedentes para solucionarlos; prestar asesoramiento legal a los pequeños productores; promover iniciativas de saneamiento de títulos de dominio; articular estrategias con municipalidades y comunas; coordinar las relaciones con las áreas gubernamentales y los juzgados comunales; y generar propuestas legislativas y ejecutivas a los fines del ordenamiento catastral y territorial.